Peras al olmo

Toda política educativa está relacionada con un proyecto de país. Por eso, siempre la educación estuvo ligada a decisiones del Estado y a responder ciertos intereses y necesidades de ese proyecto político económico social.

Por ejemplo cuando se pensó que a la educación podría ser un factor en la construcción del Estado Nacional, se promulgaba la ley 1420 que establecía, entre otras cuestiones,  la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. Para lograrlo se construyeron más de 800 escuelas de primeras letras alcanzando un total del 1816 cerca del año 1880, se definió a las Escuelas Normales como un lugar fundamental para la formación de maestros. La primera de ellas, fue la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870 y la siguieron, a lo largo del resto del siglo XIX otras 37 escuelas normales en todo el país.

Siguiendo con los ejemplos; cuando se desarrolló una política de industrialización y se consideró la educación como un derecho, se fomentaron las escuelas fábricas (se crean 298), se intensificó la educación técnica, se creó la Universidad Obrera Nacional, se fomentó la enseñanza preescolar capacitando a maestros especializados, se construyeron 1064 jardines, se implementó la enseñanza nocturna para completar la primaria y secundaria para adultos, etc.

 A finales de la década de los 60 la formación de docentes  pasó  de un nivel secundario a terciario. Esta decisión se llevó a cabo, entre otras cuestiones, porque las escuelas normales recibían críticas por “su desactualización, su escaso nivel científico, su espíritu normalista, su carácter de estudio secundario”; menoscabando el trabajo realizado por esas instituciones a lo largo de 100 años. También es cierto que esta decisión siguió directivas de organismos internacionales  con la idea de “racionalizar y profesionalizar” se aplicó una reforma alejada de la consulta a sus interesados y con ciertos rasgos elitistas que buscaba reducir el número de maestros egresados de las Escuelas Normales

 Ya conocemos lo  sucedido durante la Dictadura Militar de 1976 a 1983, el sistema educativo fue un lugar para disciplinar, prohibir y desaparecer.

 En los 90 con las políticas de achique del Estado, todas las instituciones educativas pasaron a depender de las provincias, haciendo cargo a cada una de ellas de la educación y de la formación de docentes. Se llegó a tener 24 propuestas educativas distintas, en la que cada una pagaba el sueldo que “podía o quería”. Si queremos constatar el lugar que se le dio a la educación en este período, estos datos de creación de escuelas lo demuestran entre los años 1989 y 1999 se construyeron sólo 7 escuelas y entre 2000 y 2002 ninguna.

  A partir de la ley 26.206 (2006) se consideró la educación como un derecho social y al Estado como el principal responsable de garantizarlo. Para poder implementar ese derecho se creó el Programa Nacional + Escuelas, dependiente del Ministerio de Planificación. En sus distintas etapas, el programa comprendió la construcción de 2.128 escuelas, lo que supuso un total de 10.258 aulas, con capacidad de albergar a 701.960 alumnos entre los niveles Inicial, Primario, Medio Técnica, Artística y Agraria, Especial e institutos de formación docente.
Asimismo durante estos años se buscó integrar un sistema educativo nacional entonces  se promulgaron leyes que lo promovieron como la Ley de Financiamiento Educativo, que incluyó la realización de las Paritaria Nacionales para garantizar un sueldo básico a todos los docentes del país. También se promulgó la Ley 26.150 por la que se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Se propusieron programas para la terminación de la Escuela Secundaria como el FINES (Finalización de Estudios Secundario). Se construyeron universidades a lo largo del país y la provincia de Buenos Aires

En el año 2007 se creó el Instituto Nacional De Formación Docente (INFOD) que estableció las líneas generales de la Formación Docente a nivel nacional,  entre otras cuestiones extendiendo formación docente a 4 años y definiendo los contenidos mínimos de esa formación. Decisiones que se establecieron para todo el país, intentando conformar nuevamente un sistema formador nacional.

 Siguiendo con esta descripción un tanto esquemática, nos preguntamos para qué quiere la educación este gobierno de CEOS. La respuesta es sencilla: para hacer negocios porque tiene en claro un proyecto de país en el que no vale la educación como derecho, sino como servicio que genere ganancias y responda a los intereses y necesidades de pocos.

Desde este lugar, no es necesario construir escuelas (¿cuántas se hicieron durante el gobierno municipal de Macri?), no hacen faltas maestros ni profesores ni los sindicatos, no es importante discutir salarios nacionales…La sociedad es una gran empresa en la que cada uno conseguirá tanto una educación como un salario de acuerdo “a sus posibilidades”…

Para esta política, no tienen sentido la paritaria nacional, ni la formación docente, menos que menos garantizar la educación universitaria, ni formar técnicos, ni fomentar la ciencia. Con formar maestros “low cost” alcanza, docentes instrumentistas que no formen sujetos críticos ni generen reflexión ni debate, que dentro de lo posible, no conozcan ni transmitan contenidos de la historia nacional

Eso sí, es importante evaluar para seguir haciendo negociados con organismos que se encarguen de evaluar, y luego implementar, a través de propuestas privadas, estrategias de capacitación  y mejoramiento.

En un proyecto basado en la timba financiera, la privatización y las ganancias particulares; solo vale el desarrollo del individualismo, la competencia y el sálvese quien pueda, donde el Estado está al servicio de los que más tienen.

Dentro de este marco, tenemos que luchar; docentes, estudiantes, familias, sindicatos (todos); por mantener los institutos de formación docente, por la realización de las paritarias nacionales, por el cumplimiento de la ley de Educación Nacional. Pero sabiendo que para que esta política no se ejecute lo que verdaderamente necesitamos es un cambio profundo en el proyecto político económico del país. Un proyecto que garantice la verdadera democratización de la vida.  Y para eso no podemos contar con  el gobierno actual  nacional, menos que menos con el provincial  y ni qué decir del de  la ciudad.

 

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