Cabildo por la Soberanía Educativa. Hacia una nueva Ley de educación Superior

Este año marcado por la pandemia, animó a muchos sectores de la educación a iniciar debates para lograr una reforma a la Ley de Educación Superior (LES) que fue aprobada un cuarto de siglo. En buena parte del país tuvieron lugar (bajo modalidad virtual) los Cabildos Abiertos nacionales por la Soberanía Educativa.

Durante 2021 continuarán en todo el país las convocatorias para debatir y llegar a una nueva propuesta de LES. La Educación Superior es un derecho humano y universal y el conocimiento, un bien público social, y, un deber esencial de los Estados.
Compartimos el documento consensuado en este diciembre 2020: «Hacia una nueva Ley de educación Superior». Pasen y lean…

Hablar de Educación en términos de Soberanía Educativa tiene que ver con la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria, justa e igualitaria. La Soberanía Educativa debe ser uno de los grandes temas a abordar, en la medida en que la construcción de un proyecto educativo emancipador debe ser un pilar de la Nación.
En el mundo hegemonizado por el capitalismo financiero en su peor versión que combina su calidad catastrófica y de vigilancia, despliega sus instrumentos de dominación y subordinación sobre las Naciones, pretende arrasar con las identidades y los modos de vida de los pueblos en pos de una globalización desigual, y todo lo convierte en mercancía, se impone entonces un debate serio, profundo y plural en torno a qué proyecto de Nación vamos a construir de cara al siglo XXI y qué Educación necesitamos para llevar adelante ese proyecto. Si a pesar de los avances feroces del neoliberalismo, hemos podido recuperar las ideas de Nación, Patria y Soberanía, es momento de pensar y construir entre todas, todos y todes un proyecto de Educación emancipadora, anti patriarcal y descolonizadora.
Más allá de las coyunturas y las transformaciones que atravesó la historia del siglo XX, la idea de lo público, en general, y de la educación pública, en particular, entraron fuertemente en crisis de la mano de las políticas de achicamiento y desmantelamiento del Estado que comenzaron a ensayar los gobiernos neoliberales. Estos modelos cuestionaron y pusieron en crisis los conceptos de Patria, Soberanía y Nación, insertándola en la globalización dominada por un capitalismo voraz, con concentración del poder, de la riqueza y del saber.
Las políticas sobre educación superior que se llevaron a cabo en los años 90 no fueron solo una experiencia nacional, sino que toda la región latinoamericana estuvo afectada por las propuestas del Banco Mundial y el BID, que signaron las políticas educativas desde el dogma neoliberal.
Promovido desde estas políticas, la soberanía educativa de los países ha estado en riesgo desde hace muchos años, pero muy marcadamente desde que los sistemas educativos comenzaron a estar bajo la órbita de grupos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La injerencia de estos organismos fue creciendo a paso redoblado, al tiempo que se extendía la idea de un nuevo orden de la Aldea Global, gobernado desde las sombras por corporaciones.
Por ese camino la educación pasó a ser uno de los negocios más rentables del capitalismo financiero; y los saberes nacionales, construidos con la inteligencia, la investigación y el esfuerzo propio de los locales, fueron expropiados sistemáticamente en función de los intereses de las grandes corporaciones.
La Ley de Educación Superior Nº 24.521 (LES) se sancionó el 20 de julio de 1995 en el marco de esas concepciones neoliberales y de una reforma del estado que seguía los lineamientos del dogma del Estado “mínimo”, impulsado por el Consenso de Washington.
La salida de la crisis del 2001 se fue resolviendo, apenas iniciado el nuevo siglo, con la conformación de un gobierno nacional y popular que intentó poner en marcha y avanzar hacia un proyecto de consolidación del Estado, valorización de lo público y, en ese marco, de reivindicación de la educación pública. Así que, paradójicamente, el Bicentenario nos encontró como país transitando un proceso de refundación del proyecto de Nación.
Durante los gobiernos kirchneristas recién en el 2015 se logró perforar la LES menemista con la sanción de modificaciones a los lineamientos mercantilizadores de la norma, e incorporando la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerada un “bien público” y un “derecho humano”, y garantizando el acceso universal y la gratuidad. Esto no clausuraba la necesidad de recrear a través de una nueva ley un sistema universitario, acorde con una mirada nacional, popular democrática y no neoliberal.
El retorno en el 2015 de las políticas neoliberales significó un gran retroceso también con respecto a la educación. En nombre del Cambio se consumó una agresión a la educación pública, se construyó un enemigo docente para demoler las resistencias y así lograr incorporar a toda la educación en los moldes de los organismos internacionales con su concepción de servicio y mercancía y con contenidos y formas clonados para servir a la globalización.

La transformación hacia una educación descolonizada


Con el trascurrir del nuevo siglo, nuestras sociedades han experimentado profundas modificaciones. Es por ello que necesitamos una nueva ley nacional, de carácter federal, para la Educación Superior, que sea capaz de afrontar cabalmente los nuevos desafíos; que abrace a toda la diversidad y complejidad, al universo de la Educación Superior, la universitaria y a los Institutos de Educación Superior.
Como ha señalado el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura del periodo legislativo 2020, la nueva ley de Educación Superior debe tener como punto de partida la gratuidad y el ingreso irrestricto.
Entendemos a la Educación Superior como un derecho humano y universal y al conocimiento como un bien público social, y ambos a la vez, como un deber de los Estados. Esto nos interpela como sociedad a pensar en la calidad y en sus diversas dimensiones, en la necesidad de que sea gestionada desde la concepción del desarrollo nacional, de la igualdad y del feminismo.
Parte esencial de ello es revelar y desterrar el relato naturalizador de la desigualdad respecto a la Educación Superior. En conflicto con las tradiciones reformistas y nacionales y populares, se ha construido por parte de las elites un discurso hegemónico que justifica la desigualdad en el terreno educativo, en especial con respecto a la educación superior universitaria. Demoler mitos y meritocracias salvajes es parte de una educación soberana solo posible en un país soberano e igualitario.
Pensar y diseñar una educación más igualitaria no solo se construye en las aulas, sino en la realidad del conjunto social del país, pero las aulas tienen mucho para ayudar en este desafío que se presenta a nuestros pueblos.
El debate plural, diverso, de todas y todos las y los actores y actoras de la comunidad educativa, de la sociedad ha sido el camino que construyeron los Cabildos convirtiéndose en una práctica democrática que supera la visión estrecha de discutir la educación entre las elites.
Las formas de discusión abiertas y corales expresan no solo un tipo de filosofía de la práctica social, sino que es el instrumento imprescindible para construir una nueva épica de la educación pública, gratuita y de calidad, que mire el siglo con el desafío de descolonizar el pensamiento y la acción.

Ideas Fuerza hacia una Nueva Ley de Educación Superior


1. Proponer una nueva LES cuyo horizonte de sentido esté dado por la vinculación significativa del sistema de Educación Superior en relación con el modelo de desarrollo de un proyecto de país soberano y federal en lo político, en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico, en lo epistemológico y en lo educativo, en el marco del respeto de la pluralidad, la interculturalidad y de nuestras diversidades lingüísticas, culturales y de género.


2. Que reconozca el carácter estratégico del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, la emancipación cultural, la soberanía nacional y la justicia social del pueblo argentino. Para transformar la función social de la ES como promotora del desarrollo y del cambio en las matrices productivas y distributivas regionales, considerando los modelos de desarrollo locales.


3. Una LES que abarque a la totalidad de la educación superior como un bien público, como un derecho social y personal. Totalidad que incluye tanto a la educación universitaria como a la educación superior de las provincias, de modo tal de establecer las relaciones entre las jurisdicciones nacional y provinciales como articulaciones indispensables desde políticas públicas federales concebidas como razón de Estado. Que revalorice a los Institutos de Educación Superior, tanto los de formación docente como los técnicos.


4. Es necesario resaltar y recuperar las últimas modificaciones que se dieron respecto a la ley de educación superior en 2015, que fueron un avance histórico para la garantía del derecho. La gratuidad sin arancelamientos, el financiamiento que se traduce en mayores recursos, el ingreso irrestricto.


5. Profundizar la articulación ciencia-pueblo, poniendo a las IES a disposición de la cuestión social. Promover la formación integral y crítica de los y las estudiantes, así como la investigación orientada a la resolución de problemas sociales, no guiados por las necesidades de mercado y los intereses de las corporaciones.
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6. Debe considerarse tanto una estructura del sistema de educación superior y una articulación de carácter federal entre universidades, Estado nacional e institutos de educación superior, previendo mecanismos específicos de financiamiento y distribución de los recursos que contemplen las desigualdades existentes, en función de lograr una real igualdad de oportunidades, a través de los cuales se reconozca el carácter estratégico del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, la emancipación cultural, la soberanía nacional y la justicia social del pueblo argentino.


7. Se destaca la importancia de recuperar el concepto de una única educación superior, es así que se plantea la necesidad de reconocer las diversas trayectorias y realidades tanto en las universidades como en los IES, en un marco de complementariedad académica, donde la construcción del conocimiento científico encuentre espacios de fertilidad y sinergia, no sólo en el ámbito universitario.


8. Considerando que las diferentes jurisdicciones que componen nuestro amplio territorio nacional poseen lógicas diversas, a la hora de planificar cualquier línea de articulación es sumamente importante tener en cuenta su contextualización, siempre en relación con el modelo de desarrollo de un proyecto de país soberano y federal en lo político , en lo cultural, en lo científico , en lo tecnológico, en lo epistemológico y en lo educativo, en el marco del respeto de la pluralidad, la interculturalidad y de nuestras diversidades lingüísticas, culturales y de género. Por ello, es fundamental el funcionamiento de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), actualmente integrados sólo por representantes de las instituciones universitarias y de los gobiernos jurisdiccionales de cada región, para lo cual se propone la inclusión de nuevos representantes provenientes de los IES, que aporten una visión clara y conocimiento pleno de las problemáticas y necesidades de sus instituciones.


9. La federalización académica, científica y cultural es fundamental para desarrollar planeamientos estratégicos regionales que permitan desconcentrar las grandes urbes. En ese orden, el pleno funcionamiento de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), articulando los regímenes de educación pública provinciales y nacionales, debe dotar de instrumentos y potestades para la planificación universitaria y para la formación de sistemas de educación superior verdaderamente articulados.


10. En relación a la articulación de la educación superior con la ciencia y la tecnología, en función de las necesidades del desarrollo nacional, regional y local, se propone incorporar la participación en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de representantes del sistema productivo y del sistema científico nacional, buscando de esta forma generar vínculos horizontales y transversales con las empresas en general y en particular con las pymes, que propicie las investigaciones compartidas entre el Estado y el ámbito privado.


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11. Declarar la Educación Superior como un Derecho Humano, lo que no solo equivale a garantizar la gratuidad de la enseñanza en sus diferentes niveles y el ingreso irrestricto, sino también a establecer el derecho de las comunidades a disponer de las producciones generadas por las Instituciones que integran el sistema de Educación Superior a través de la extensión, los servicios de transferencia u otras formas de acceso al conocimiento por parte de quienes no necesariamente aspiran a cursar una carrera.


12. Se propone que la nueva LES fije un porcentaje del PBI superior al 1 por ciento, para que el presupuesto anualmente asignado al sistema de la Educación Superior acompañe el desenvolvimiento económico del país, así como también que se establezcan pautas objetivas de distribución federal del presupuesto sobre la base de indicadores acordados, que eviten el manejo discrecional o lo dejen sujeto a negociaciones anuales como expresión de relaciones de fuerza coyunturales.


13. Concebir a la autonomía universitaria como un pilar fundante desde su ejercicio responsable, para enfocarse en dar respuestas a las necesidades sociales, productivas, económicas y culturales de las comunidades a las cuales pertenecen las instituciones de educación superior. Establecer la autonomía también en relación con el mercado y a los poderes de las corporaciones económico-tecnológicas, para no condicionar el pensamiento crítico ni las soberanías educativa, cultural y científica.


14. En la nueva LES las autoridades deben ser elegidas mediante el voto directo, porque es el mecanismo de elección más genuino. En los cogobiernos se deben ampliar la participación de los diferentes integrantes de la comunidad de educación superior, con porcentajes de representación más equitativos en consejos directivos y consejos superiores de docentes, de trabajadores no docentes, estudiantes y egresados. Se propone el establecimiento de la paridad de género en los órganos de gobierno de la Universidad y en los cargos de gestión.


15. La nueva ley de Educación Superior debe establecer que los convenios colectivos de trabajo son los ámbitos democráticos de discusión salarial en los que se debe preservar las condiciones laborales dignas.

16. La universidad debe estar inserta en su territorio, situada, en diálogo con las comunidades, a través de un trabajo junto con los sujetos colectivos insertos en los territorios, desde una jerarquización y reactualización del rol de la extensión como ratificación explícita de su compromiso social comunitario, integrada a las demás funciones: investigación y docencia. Se propone la creación de órganos para ampliar dicha participación comunitaria, como los consejos sociales que existen ya en algunas universidades nacionales.


17. La nueva LES debe establecer, por un lado, como condición de posibilidad para garantizar el derecho social a la educación superior, un conjunto de políticas socioeducativas que permitan el ingreso a las aulas de los hijos e hijas de los sectores sociales más desfavorecidos, desde comedores escolares, residencias estudiantiles, boleto universal, un sistema de becas no solo económicas, sino que considere dispositivos tecnológicos en línea con las necesidades de cada territorio, así como también la permanencia y el egreso en tiempo razonable, a través de programas de seguimiento de las trayectorias, tutorías y la revisión por ejemplo de las franjas horarias de cursadas para su ampliación. Deberá también garantizar el acceso a las personas con capacidades diferentes, a las diversas identidades de género y a los integrantes de pueblos originarios.
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18. Reconocer a la CONEAU como única agencia nacional de evaluación externa de las Universidades Nacionales públicas y privadas, y acreditación de las carreras de grado y de postgrado, presencial y a distancia la cual no debe ser delegada a ninguna instancia de carácter privado.
19. Modificar la composición de la CONEAU incorporando representantes de los trabajadores docentes y no docentes y de los estudiantes universitarios atendiendo a un número representativo por género y un representante por cada CPRES, y la presencia de un veedor propuesto por el Gremio Docente a fin de evaluar las condiciones laborales de los docentes generando una nueva legitimidad e institucionalidad con mirada latinoamericana. Acotar a una reelección la duración del mandato de los miembros de CONEAU. Incorporación como pares evaluadores de profesionales idóneos del claustro no docente que se desempeñen en la gestión universitaria de las instancias externas de evaluación institucional. Evaluar y acreditar no deben ser sinónimos de homogeneizar.


20. Establecer, a través de la CONEAU, mecanismos de evaluación, supervisión y fiscalización de la oferta de grado y de postgrado internacional. Sostener el aseguramiento de la calidad y de la mejora continua como pilares fundamentales de las evaluaciones y acreditaciones. La calidad basada en la acción educativa en su entorno social. Su valoración tiene que estar vinculada al entorno social.


21. La autoevaluación es uno de los indicadores más importantes y adecuados para las mejoras continuas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La comunidad de cada universidad debe realizar esa evaluación institucional y reflexionar sobre el propio desempeño. – Para esto es necesario crear áreas en las instituciones que aseguren las mejoras continuas. Que se promueva la creatividad y la innovación, evaluando procesos.


22. Consensuar y definir criterios de evaluación para los Institutos de Educación Superior a nivel nacional y coordinar la gestión que debe realizarse a nivel jurisdiccional. Esto con el propósito de fortalecer la integración del sistema en acuerdo con el INET y el INFOD.


23. Redefinir los conceptos de la presencialidad y virtualidad por el impacto que generó la pandemia. Debe ser discutido el criterio de inclusión de las carreras en los artículos 43 y 42 de la actual LES, ya que establece una jerarquía innecesaria.


24. Que la acreditación y la evaluación rompan con la lógica de universidades periféricas y centrales atendiendo a sus particularidades estructurales que responden a cuestiones geopolíticas y socio históricas. Ampliar los criterios de evaluación de la dimensión docente y no solo priorizar el nivel de titulación. Es necesario revisar el modo de incorporar criterios que se relacionen con la experticia profesional docente para intervenir en las problemáticas sociales presentes en el territorio y de este modo privilegiar el compromiso social universitario.


25. Ampliar los criterios de evaluación que contemplen el cumplimiento de las Leyes Nacionales de protección contra la violencia de género, de educación sexual y de protección ambiental.
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26. Distintas argumentaciones institucionales y políticas movilizan la expectativa de complementar una Ley de educación Superior que incluya a los Institutos Superiores con otra norma que dé un nuevo marco regulatorio para la docencia y direccione políticas de Estado vinculadas a la formación y el trabajo docente sea tanto que se desarrolle en el ámbito de institutos de educación superior como en las universidades.


27. ¿Por qué una Ley de Formación y Trabajo Docente? La formación de los docentes no se inscribe en un solo tipo de institución, sino que alude a una tarea que debería tener rango de política de Estado apoyado en un marco normativo nacional que defina el sentido de la formación inicial en el marco del proyecto político educativo que la constituye; especifique las organizaciones, los sujetos, los contenidos, las prácticas y los ámbitos de desempeño; logre anudar la formación permanente en servicio y gratuita con la carrera docente y en virtud de los puestos de trabajo, y asigne presupuesto específico

28. Los consensos que permitan construir un Sistema formador nacional y federal, integral e integrado, deberán generar lineamientos nacionales que definan la producción de saberes y conocimientos irrenunciables al desarrollo profesional de los trabajadores de la educación, fortalezcan la relación entre formación / enseñanza y entre institutos / escuelas asociadas y las vinculaciones políticoeducativa con las realidades territoriales y comunitaria.


29. Definido el sistema formador consideramos que debiera avanzarse en una Ley de Educación Superior que incluya a los Institutos Superiores y que regule la democratización efectiva del gobierno de dichas instituciones; avance hacia la idea de un vínculo orgánico de las instituciones formadoras, y no una simple articulación; resignifique la noción de autonomía de acuerdo con las matrices y culturas institucionales; y multiplique vínculos entre las distintas instituciones formadoras avanzando en la idea de co-diseño, co-titularización.


30. El camino transitado desde la creación del INFOD – a partir de la LEN 26206 – ha generado un conjunto virtuoso de definiciones, lineamientos y normas sobre formación docente, marco ineludible, pero que aún presenta debilidades y vacancias. El desafío es, sin duda, profundizar dicho rumbo para construir una nueva agenda pública respecto del trabajo y la formación docente en clave de futuro. Y para eso construir un marco normativo como una respuesta estatal que siga afirmando la educación superior como derecho y la producción de conocimiento como un bien público. Y que al mismo tiempo le otorgue a la
formación de los docentes la relevancia social y política que siempre tuvo la formación de quienes tienen en sus manos la educación del pueblo.