Críticas al Proyecto de ley Aguilar: consecuencias negativas en el ámbito de la Formación Docente.

El Proyecto de ley Aguilar
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Críticas al Proyecto de ley Aguilar: Políticas para el Fortalecimiento de la Formación Docente presentado por el senador Eduardo Aguilar.

Desde el grupo de docentes terciarios Andares y Pensares vemos con preocupación la propuesta realizada por el senador  Aguilar, que intenta supuestamente “fortalecer la Formación Docente”. Este proyecto está próximo a tratarse en el Senado, lo cual hace necesario la urgente discusión, socialización de lo que está por tratarse en el Congreso de la Nación.

En primer lugar nos gustaría conocer cuáles son los estudios diagnósticos que se realizan para definir qué aspectos de la  Formación Docente son necesarios fortalecer. Por lo general se acude a frases generales “los maestros no están bien formados”, “la formación docente de antes era mejor”….pero no se encuentran estudios serios que justifiquen los cambios propuestos.

Esta situación nos lleva a pensar una vez más, que los cambios propuestos responden más a directivas de organismos internacionales, que a problemáticas reales, dado que una característica fundamental de las políticas neoliberales es la obligación de subordinarse y de responder a esos organismos como condición para recibir “préstamos” y/o financiamiento.

A esto se le suma el conocimiento de la subejecución del Presupuesto destinado al Instituto Nacional de Formación Docente (la partida 2016 del Instituto Nacional de Formación Docente fue subejecutado y la del 2017 se reduce en un 24%).

 Como dijimos en documentos anterioresTodo proyecto educativo está asociado a un proyecto político, económico y social. El tipo de educación que promueva un gobierno está directamente relacionado con una determinada concepción del Estado y de la sociedad”, Y como dentro de un proyecto educativo se encuentra la formación docente, no podemos separar lo que está sucediendo a nivel general en el país con la propuesta de formación docente.

Dentro de este contexto, consideramos que el presente proyecto intenta delimitar el Derecho a la educación superior de nuestra población. Señalamos algunos puntos que apuntan a eso:

  • En diferentes documentos que circulan en Educación, dan muestras claras de un proceso meritocrático y por lo tanto selectivo, opuesto a la Igualdad de oportunidades e inclusión.

Este punto se relaciona con la propuesta de otorgar becas a los mejores promedios de la educación secundaria para ingresar a la docencia. Esta perspectiva interpreta que la beca es un supuesto premio, cuando en realidad debería ser un mecanismo que genere oportunidades de estudio a los que realmente lo necesitan Esto tiene no sólo una mirada lineal sino también una pérdida absoluta del sentido de la igualdad de oportunidades. Desde este posicionamiento, la ley Aguilar no tiene en cuenta las infinitas condiciones de la realidad cotidiana de los estudiantes: Madres y padres de familia, subocupación, accesibilidad económica mínima de los estudiantes en relación directa con los índices inflacionarios, criterios de permanencia , tiempos individuales de aprendizajes, actual y real falta de posibilidades para el uso de TICS (caída del programa Conectar igualdad), presupuestos de tiempo según estructuras familiares y laborales. Es casi lo mismo que decir: “Sólo estudian los que puedan dedicar todo su tiempo a la formación, por lo tanto serán premiados”

  • Aparece la posibilidad de tomar evaluaciones de ingreso y de egreso, un examen habilitador al concluir al finalizar los 4años de cursada. Nos preguntamos en qué consistiría esta evaluación, quién la tomaría, con qué contenidos contaría. Pero además consideramos que  una evaluación de este tipo niega lo realizado durante los cuatro años, para qué evaluar cada espacio si lo que verdaderamente sirve es esta última evaluación. Que por otra parte esta “prueba” demarcaría los contenidos formadores, se va a enseñar para que se apruebe ese examen. O sea que se regula los contenidos de la FD a través de un examen habilitador. Por otra parte no se toma en cuenta la evaluación de procesos, volvemos a las prácticas evaluativas ortodoxas que sólo acreditan méritos memorísticos, influenciados por condiciones personales, sociales, culturales y económicas. Serán seguramente mediciones externas, que muestren estadísticas y que en definitiva apoyen aun más las líneas meritocráticas.

Por otro lado conocemos que estas reformas han sido implementadas en otros países de América Latina y los resultados obtenidos no han mejorado la formación docente. Por ejemplo el especialista mexicano Angel Diáz Barriga señala “…. el examen de ingreso pone en los primeros lugares de la lista de prelación a quienes saben contestar exámenes de opción múltiple, y no necesariamente a quienes serán mejores profesores”

  • Unido al punto anterior aparece nuevamente la exigencia de que los ISFD cuenten con un cierto porcentaje de universitarios, postitulados, investigadores categorizados, etc. en su plantel docente Teniendo en cuenta el número de propuestas formativas gratuitas que el MCE y D ha cerrado nos preguntamos si esto no fomenta el incremento de ofertas privadas de Licenciaturas y Maestrías onerosas y poco sólidas, en su mayoría virtuales.
  • Se contradice con los estatutos docentes de cada provincia. La evaluación del docente que ingresa a un IFD, debe estar a cargo de un tribunal constituido por: Directivos, docentes, miembros del Consejo Académico Institucional, alumnos avanzados de la carrera a la cual se presenta y un docente externo. Se establece actualmente que es por presentación de proyectos, oposición de antecedentes y entrevista personal al docente postulante. Cada equipo directivo debe entonces conocer plenamente cuales son los propósitos que ese futuro docente, formador de formadores, (dentro de la realidad, el contexto y el perfil de egresados que los propios IES delineen), teniendo en cuenta el permanente fortalecimiento de las carreras y realizando el correspondiente acompañamiento a esos nuevos docentes, quienes deberán respetar el proyecto presentado y aprobado en concurso. Por tanto consideramos que los postítulos serán entonces anexos de la formación y no condición.
  • El proyecto de ley Aguilar exige que los IES, cuenten con un porcentaje de Universitarios en su plantel docente y a esto sumen actividades de investigación y extensión Esto retrotrae a la idea de acreditación de la derogada Ley Federal y pone en duda la continuidad de los institutos que no reúnan las condiciones para seguir ofreciendo carreras.
  • Por otra parte como docente terciarios sabemos que un docente universitario no está en mejores condiciones que un profesor terciario para formar un docente. La formación universitaria tiene otros objetivos que incluyen la formación docente pero no es el fin específico por tanto las horas destinadas a esta formación es muy breve comparada con la formación específica que ofrecen los institutos terciarios. Se está dando por sentado que lo universitario mejorará de por sí la formación docente sin haber realizado un estudio profundo de esta propuesta.

 

  • Se parte de la base que la única forma de mejorar la calidad (sin definir qué es) es a través de una evaluación Por eso, además de estas evaluaciones, el proyecto de ley propone evaluaciones externas (Art 30), sin definir criterios, organismos, instancias, etc. Nos preguntamos por qué el único ámbito de las políticas públicas que se propone evaluar es la educación. No sucede lo mismo ni en otros ámbitos ni en otras formaciones profesionales. Consideramos que la inclusión de la evaluación en el ámbito educativo, no busca mejorar su calidad, sino abrir un camino para su privatización. En el Art 25 se abre la puerta a compartir la responsabilidad estatal en la formación con fundaciones y centros privados y otras instituciones de investigación educativa, de manera cooperativa”
  • Por otra parte este proyecto de ley menciona la creación de nuevos cargos docentes que surgen luego de realizar especializaciones. Nos preguntamos cómo se definieron estos cargos, quién planteó que son necesarios, en qué investigaciones se basan. Quién estará a cargo del dictado de esta especialización. Cómo se sabe que mejorarán la formación docente y la educación. Por otra parte son cargos que no respetan los aspectos estatutarios que establecen los mecanismos para acceder a cargos jerárquicos.

 

  • Otro aspecto fundamental acerca de este proyecto de ley es que define cuestiones sin tener en cuenta la realización de las Paritarias Docentes que es la herramienta fundamental con que contamos los trabajadores de la educación para realizar propuestas, cambios, mejoras en las condiciones de enseñanza

  

Asimismo vemos con preocupación que este Proyecto de Ley no tiene en cuenta que en el Nivel Terciario, a partir de la sanción de la LEN 26.206 se posibilitaron transformaciones curriculares que recuperan la centralidad de la formación pedagógica y didáctica, las carreras se extendieron a cuatro años, se financiaron cientos de proyectos de investigación, la formación permanente, gratuita y en servicio llegó por primera vez a todo el territorio nacional.

 Llamamos a los docentes del nivel a abrir espacios para informar a toda la comunidad educativa acerca de las consecuencias negativas que tendrá la aprobación de este proyecto en el  ámbito de la Formación Docente.